Sánchez podrá imponer su censura a las noticias que considere ‘fake’ con la Ley de Seguridad Nacional

El texto de la futura Ley de Seguridad Nacional de Pedro Sánchez también le permitirá extender el control a la prensa. La norma que pretende entregar poderes máximos al presidente con el argumento de la defensa de la seguridad nacional no se ha olvidado de un concepto: la ciberseguridad. Y los equipos de Sánchez han incluido en ese apartado la lucha contra las fake news por su poder desestabilizador. Resultado: en caso de esgrimir una necesidad de seguridad nacional, Sánchez podrá ampliar su poder controlador a lo que considere que es fake.

El borrador del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Seguridad Nacional, para la regulación de la contribución de recursos a la Seguridad Nacional, no se ha olvidado de una de las obsesiones del presidente: el control de lo que considera noticias falsas. El texto explica que «la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, configura la Seguridad Nacional como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos».

Por ello, esta norma prevé «la coordinación de todos los recursos públicos y privados con el objeto de reconducir a la normalidad una variada gama de situaciones de crisis». Y, teniendo en cuenta esa capacidad para saltar al campo privado y a las empresas, la futura ley pretende tomar el control en materias como la «ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente».

Y el Gobierno cuenta ya con respaldo documental para extender el concepto de ciberseguridad a las fake news.

Uno de los últimos informes del Centro Criptológico Nacional, coordinado con el CNI, ha desarrollado, de hecho, un protocolo de actuación para investigar las «plataformas digitales» o «canales de comunicación» que divulguen noticias «descontextualizadas» -según sus criterios- y «erosionen» la «confianza en las instituciones públicas». El protocolo se llama ELISA y se centra en la lucha por la ciberseguridad.

El protocolo ELISA

El Centro Criptológico Nacional (CCN) señala en ese documento que «ELISA considera que el fenómeno de la desinformación surge de la combinación de tres elementos»:

• Falta de transparencia u ocultación de la fuente.
• Distribución recurrente y sistemática de noticias falsas, manipuladas o descontextualizadas.
• Distribución recurrente y sistemática de narrativas basadas en erosionar la credibilidad de los principales pilares que sustentan el contrato social y la cohesión de un Estado democrático:
  • Confianza en el pensamiento científico.
  • Confianza en las instituciones públicas nacionales.
  • Confianza en las instituciones públicas multilaterales.
  • Confianza en el sistema económico y financiero.
  • Confianza en los medios de comunicación tradicionales.
  • Respeto al pluralismo y la cohesión social de un país.

Todo ello queda comprendido en la garantía de ciberseguridad y sirve para incluir estas materias en la seguridad nacional.

Las actuaciones en materia de seguridad nacional, además y según la futura ley, se activan con un mecanismos sencillo y arbitrario: «Mediante la declaración por el presidente del Gobierno de una situación de interés para la seguridad nacional», lo que «permite integrar la acción de todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas, e incluso aquellos que estuvieran en manos de particulares, mediante el ejercicio de las potestades ordinarias previstas por el ordenamiento jurídico».

La modificación que prepara el Gobierno afecta al artículo 10 de la ley actual, que quedaría redactado de la siguiente manera: «Se considerarán ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional aquellos que requieren una atención específica por resultar básicos para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios esenciales y los recursos de primera necesidad y de carácter estratégico. A los efectos de esta ley serán, entre otros, la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria, la preservación del medio ambiente y la salvaguardia de la base industrial que suministra recursos de primera necesidad y de carácter estratégico».

Poderes excepcionales

El texto de la futura ley de Seguridad Nacional de Pedro Sánchez es, así, todo un monumento a la acumulación de poder excepcional en manos del Gobierno. Y el presidente, además, no la ha planteado para compartir ese poder. Lo cierto es que Sánchez excluye a Podemos en su norma para poder controlar España en exclusiva aprovechando las situaciones de urgencia nacional.

La norma remite a dos organismos de forma notable. En primer lugar, al Departamento de Seguridad Nacional, que «ejercerá las funciones de secretaría técnica y órgano de trabajo permanente del Consejo de Seguridad Nacional y de sus órganos de apoyo». Además, «actuará como órgano que integre la información proporcionada al Sistema de Seguridad Nacional para el cumplimiento de las funciones previstas». Y ese organismo no cuenta con los ministerios en manos de Podemos por obra y gracia de Pedro Sánchez.

Es más, hay una fase previa de cara a la preparación de los esquemas necesarios para, en caso de urgencia nacional, poder aplicar de inmediato la norma de Pedro Sánchez. La norma lo define en el apartado dedicado a «la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial» (RECAPI). Esta «RECAPI tiene por objeto facilitar la producción de los recursos, bienes y tecnologías que permitan mitigar la dependencia exterior de aquellos recursos de primera necesidad o de carácter estratégico, con el fin de mantener la eficacia del Sistema de Seguridad Nacional y proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos».

Es decir: es la base de los preparativos previos a una situación de urgencia nacional. Y, de nuevo, y hasta aquí, todo recae en los mismos ministerios con peso y presencia en el Consejo de Seguridad Nacional, donde no están los ministerios en manos de Podemos. La vicepresidencia de Yolanda Díaz sí accede al Consejo, pero los preparativos de la RECAPI se le escapan y su peso queda totalmente diluido en el Consejo de Seguridad Nacional.